Panamá defiende independencia judicial tras fallo sobre concesión portuaria

Panamá exige respeto a la independencia judicial tras fallo contra operador hongkonés de puertos

Gobierno panameño defiende decisión del Supremo y rechaza presiones internacionales

Contexto y fallo judicial

El Gobierno de Panamá solicitó este miércoles el respeto a la independencia judicial luego de que la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, anunciara un arbitraje contra el país tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión de dos puertos clave cerca del Canal de Panamá.

La Corte Suprema de Justicia panameña invalidó el contrato de concesión de 1997, que otorgó a PPC la administración de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), incluyendo adendas y una prórroga automática emitida en 2021. Este fallo responde a demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general, Anel Flores, que alegaban cláusulas perjudiciales para Panamá.

Respuesta oficial del Gobierno

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que afirma que el Ejecutivo “respeta plenamente la independencia de los poderes del Estado” y exhorta a que se respete este principio, tanto a nivel nacional como internacional, en línea con prácticas judiciales en otras jurisdicciones soberanas.

Asimismo, la Cancillería reiteró el compromiso con el Estado de derecho y la separación de poderes, calificando la decisión de la Corte Suprema como un ejercicio legítimo y soberano conforme a la Constitución y las leyes panameñas. Enfatizó que se trata de una resolución jurídica y no política ni geopolítica.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino rechazó “enérgicamente” las críticas de PPC y reafirmó que Panamá es un Estado de derecho que respeta las decisiones judiciales independientes del Gobierno central.

Operación temporal de los puertos y arbitraje internacional

Tras el fallo, el Gobierno anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo danés AP Moller-Maersk, asumirá de manera temporal la operación de ambos puertos mientras se realiza una nueva licitación pública y transparente para la concesión.

En respuesta, PPC informó que el 3 de febrero inició un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) con sede en París, basándose en el contrato de concesión y las reglas del organismo. La empresa denunció una campaña estatal en su contra, acusando acciones abruptas y daños significativos derivados de la decisión judicial, sin que se hayan tomado medidas similares contra otros operadores portuarios.

Antecedentes geopolíticos

Aunque PPC no mencionó a Estados Unidos, este conflicto ocurre en un contexto de tensiones geopolíticas. El expresidente estadounidense Donald Trump amenazó en repetidas ocasiones con intervenir en el Canal de Panamá debido a la supuesta influencia de China en esa infraestructura estratégica para el comercio global, afirmación que Panamá ha negado consistentemente.

El Canal de Panamá es una vía crucial para el comercio internacional, y su administración ha sido históricamente un tema sensible en la política regional e internacional, como se evidencia en informes de la ONU y la OCDE.

Resumen

El Gobierno de Panamá defendió la independencia judicial tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión portuaria otorgado a la empresa hongkonesa PPC. Aseguró que la decisión es jurídica y no política, mientras que PPC inició un arbitraje internacional. La operación temporal de los puertos quedará a cargo de APM Terminal Panama hasta una nueva licitación. Este caso se enmarca dentro de una compleja situación geopolítica relacionada con la influencia china y las preocupaciones de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá.

Para más información sobre el Estado de derecho y separación de poderes, consulte los principios establecidos por la UNESCO y los marcos legales internacionales.

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